Históricamente las personas con discapacidad fuimos consideradas receptoras pasivas de cuidados. Otras personas decidían por nosotras, ya que se creía que no éramos capaces de hacerlo.

El Movimiento de Vida Independiente se inició a nivel internacional a principios de los años ’60, buscando deconstruir esas miradas capacitistas y sustituir el legado de paternalismo, dependencia y estigmatización que subyace a los enfoques tradicionales de la discapacidad.

Con los años, dicha movilización fue adquiriendo mayor vigor, y en 2006 se materializó en un cambio normativo de gran trascendencia: la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este tratado, ratificado por Argentina en el año 2008, establece en su artículo 19 que los Estados que lo suscriban deben garantizar a estas personas el derecho a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás.

Aunque la Convención lleva más de una década de vigencia, el modelo médico de la discapacidad, que concibe a estas personas como sujetos con “déficits” que deben ser “rehabilitados” o “protegidos”, sigue siendo el predominante, y la visión de que no pueden tomar sus propias decisiones y transitar los mismos espacios que las demás continúa fuertemente arraigada en el imaginario colectivo.